Masculinidades

Traducción de texto de Michael Flood: Sobre las supuestas falsas denuncias de violencia de género

Posted in Uncategorized by Community Manager on 13 julio 2010

“(…) la custodia compartida puede llegar a convertirse en ocasión para el conflicto y la violencia, y puede aumentar la probabilidad de agresiones durante las visitas y el intercambio de los niños, así como los niños pueden ser instrumentalizados para ejercer coacción por parte de hombres abusivos (Brownridge, 2006)”. Este es un extracto de la conclusiones y hechos que el investigador y experto Michael Flood aporta en el siguiente escrito , que aborda, con evidencias y hechos, el manido argumento-falacia de que las mujeres utilizan denuncias falsas de violencia machista, con la complicidad del poder judicial, como medio para obtener ventajas y dañar a sus exparejas.

La traducción es de Chema Espada, y el texto original en inglés lo encuentras aquí.

Mito:

Las mujeres realizan rutinariamente acusaciones de violencia doméstica y de violación, como forma de conseguir beneficios en contenciosos de familia en los tribunales. Y, las mujeres usan las ordenes de protección para sacar a los hombres de sus casas y negarles el contacto con los hijos.

Los hechos:

El riesgo de violencia de género y/o doméstica se incrementa en el período de separación.

La mayor parte de las acusaciones de violencia doméstica y/o de género en el contexto de procedimientos judiciales se realizan de buena fe y con el apoyo de pruebas de sus demandas.

Las tasas de acusación falsa en casos de violación son muy bajas.

Las mujeres que viven en una situación de maltrato normalmente no solicitan ordenes de protección y lo hacen únicamente como último recurso.

Las ordenes de protección aportan un medio eficaz para reducir la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia.

El mito:

Los grupos de defensa de los derechos de los padres afirman que las mujeres rutinariamente fabrican acusaciones falsas de violencia doméstica para ganar beneficios de cara a contenciosos judiciales de separación, y utilizan las ordenes de protección para sacar a los hombres de sus casas, negándoles el contacto con los niños, más que por estar basadas en cualquier tipo de experiencia real o miedo a ser víctimas de violencia. La Lone Father’s Association, en su respuesta a una revisión de la legislación sobre ordenes de protección (2004, pp. 11, 38) dice literalmente que “son usadas como procedimiento rutinario en las separaciones” por las mujeres para forzar a que sus maridos abandonen sus casas, sin que haya ocurrido ningún tipo de violencia “y/o como un represalia y acto de venganza”.

Los hechos

El riesgo de violencia doméstica se incrementa durante la separación.

No cabe duda de que los procedimientos judiciales de familia se ven frecuentemente acompañados por acusaciones de violencia doméstica y la utilización de las ordenes de protección. Esto refleja, sin embargo, el hecho de que la violencia doméstica se produce frecuentemente en escalada durante el proceso de separación. Los datos de Australia recogidos en la Encuesta Nacional del año 1996 muestran que las mujeres tienen la misma probabilidad de ser víctimas de malos tratos de sus parejas previas como de la pareja actual, y que es en el momento de la separación y tras la misma cuando el riesgo se eleva para estas mujeres (Australian Bureau of Statistics, 1996, p. 8).

De forma similar, la investigación en Norteamérica señala que los riesgos de violencia mortal y sin consecuencia de muerte son los más elevados para las mujeres precisamente en el momento que abandonan una relación con un hombre con el que han convivido manteniendo una relación íntima (DeKeseredy et al., 2004, p. 677).Las mujeres separadas se encuentran en un riesgo muy grave de violencia de género, ya sea física, sexual o con consecuencia de muerte, con relación a aquellas mujeres que mantienen la convivencia (Brownridge, 2006), y las mujeres se encuentran en riesgo de violencia progresiva severa cuando se separan de parejas violentas (Riggs et al., 2000). El riesgo de la violencia post-separación se reduce cuando para el tiempo desde el momento de la misma, y su punto álgido se encuentra en los primeros dos a tres meses tras la misma, por lo menos en lo que respecta a los datos sobre homicidios.

Existen más variables situacionales que influyen en la violencia tras la separación. Abandonar o intentar abandonar una situación de convivencia matrimonial o cohabitación incrementa la probabilidad de abusos físicos o sexuales, especialmente si están ligadas a hombres con actitudes patriarcales o de propiedad sexual (DeKeseredy et al., 2004).

La mujeres se encuentran ante un riesgo más severo de sufrir violencia tras la separación, en la medida que estén más expuestas para convertirse en victimas de violencia: cuando viven en la misma ciudad que su antigua pareja, en las comparenciencias judiciales y juicios orales, y en los intercambios de menores y las visitas, situaciones en las que aumenta el riesgo.(Brownridge, 2006). Al igual que la existencia de hijos comunes o la presencia de niñoas, la presencia de una nueva pareja puede ser tanto un factor de riesgo como de protección. Por ejemplo, la custodia compartida puede llegar a convertirse en ocasión para el conflicto y la violencia, y puede aumentar la probabilidad de agresiones durante las visitas y el intercambio de los niños, así como los niños pueden ser instrumentalizados para ejercer coacción por parte de hombres abusivos (Brownridge, 2006).

La relación entre la violencia previa y posterior a la separación se ve marcada por otras variables como la duración de la unión y la severidad y frecuencia de la violencia pre-separación. Existen pruebas de que la violencia tras la separación frecuentemente consiste básicamente en una continuación de la violencia que venía ocurriendo durante la relación y que hay otra proporción substancial de violencia que es de nuevo aparición (Brownridge, 2006).

La investigación realizada hasta la actualidad muestra que la mayoría de las denuncias de violencia doméstica en contextos de procedimientos judiciales sobre familia se producen de buena fe y con el apoyo de indicios suficientes y pruebas de la existencia de hechos delictivos. Existen dos estudios que han investigado en el contexto de procedimientos judiciales de familia, las tasas de denuncias de violencia doméstica substanciadas y han comprobado que las denuncias han culminado en condena en una proporción de entre el 63 y el 74 por ciento de los casos (Shaffer and Bala, 2003; Johnston et al., 2005). El resto de denuncias no se substancias ya sea por sobreseimiento por insuficiente información para apoyar la demanda o porque se estime que los acusación es falsa.

En un estudio canadiense sobre las sentencias en casos de familia que se produjeron a lo largo de 3 años, se identificaron 42 causas en las que las conyugues denunciaron abusos por parte de sus parejas. El 74 por ciento de estas denuncias obtuvieron una sentencia condenatoria. Solo se registraron 2 casos de denuncia de abusos por parte de hombres contra sus parejas. Y solo en uno se obtuvo sentencia condenatoria (Shaffer and Bala, 2003). Sin embargo, como remarcan los autores, en los casos en los que los Juzgados estimaron que las denuncias eran exageradas o no tenían fundamento, no siempre los Juzgados aportaron las razones para las estimaciones, y en algunos de estos casos, los jueces se equivocaron al no reconocer la existencia y/o la gravedad de los abusos reales (Shaffer and Bala, 2003).

Un estudio estadounidense basado en documentos de archivo, que describen a 120 familias con divorcio de los padres y valoradas a efectos de custodia y mediación familiar, y que fueron recogidas desde 1989 a 2002 en los Juzgados de Familia del condado de la bahía de San Francisco. Se produjeron multiples denuncias sobre abuso de los menores, negligencia y violencia intrafamiliar en la mayoría de los casos. Estas denuncias fueron evaluadas a partir de entrevistas en profundidad a los miembros de la familia, información obtenida de los profesionales, y el análisis de la documentación escrita. Las conclusiones fueron que el 63 % de las denuncias de abuso por parte de un adulto contra el otro progenitor/pareja (y que incluían violencia doméstica y abuso de substancias) eran fundamentadas (Johnston et al., 2005). Se encontraba además que la mayor probabilidad de que las acusaciones fuesen fundamentadas cuando se realizaban contra hombres que contra a mujeres (67 % frente al 55 %). En otras palabras, en contraste con ciertas percepciones populares, son los hombres más que las mujeres los que con más probabilidad realizan denuncias de violencia doméstica ( y abuso de drogas) que no estan fundamentadas, en procedimientos contenciosos de familia. Sin embargo, este estudio no puede determinar las tasas de denuncia falsa, así como no puede distinguir entre: denuncias “no fundamentadas”, aquellas que son falsas y las que no han podido determinarse su naturaleza por falta de pruebas (Johnston et al., 2005).

Las tasas de denuncias falsas de violación son muy bajas.

Las pruebas son claras en cuanto a que las tasas de falsa acusación dolosa o de acusación maliciosa de violación son muy bajas. Por ejemplo, el estudio británico más reciente determina que únicamente un 3% de las denuncias de violación recogidas por la policía fueron o “posibles” o “probables” acusaciones falsas (Kelly et al. 2005). Los estudios australianos muestran algo muy similar. Por ejemplo, en un análisis de de 850 violaciones recogidas por la Policía de Victoria durante 3 años, únicamente un 2.1% de las denuncias fueron identificadas por la policía como falsas (Statewide Steering Committee to Reduce Sexual Assault 2006: 5). Tres estudios asutralianos anteriores, realizados sobre datos recogidos por la policía desde 1986 a 1990, encontraban que la proporción de denuncias falsas de violaciones y agresiones sexuales era de 1,4%, en otro de 4,8%, y en el tercero de 7% (VLRC 2004: 112).

Algunos otros estudios reclaman que las tasas de denuncia falsa de violaciones y agresiones sexuales son mucho más elevadas. Sin embargo, como una revisión reciente afirma, hay una considerable diversidad en las definiciones de falsedad, en como se juzga lo que se considera falso, y en los métodos para recoger información con relación a la extensión de las denuncias falsas (Rumney 2006: 130-132). Por ejemplo, algunos estudios que aparentemente encuentran altas tasas de denucia falsa de violación, toman como válidas las apreciación realizadas por agentes de policía sobre la base de asunciones estereotipicas sobre las respuestas típicas a la victimización de las víctimas de violación (ibid: 142).

No cabe duda de que existen ocasionalmente denuncias falsas de violencia de género y de violación. Al mismo tiempo, no hay nada que sugiera que estas son más comunes o que las mujeres las realizan con mayor frecuencia que los hombres (Davis, 2004). Lo que es más, las denuncias falsasde violencia y de abuso son mucho menos comunes que las negaciones dolosas realizadas por aquellos que violan y maltratan (Jaffe et al., 2008).

Las mujeres que viven bajo el maltrato generalmente no solicitan medidas de protección y lo hacen únicamente como último recurso.

Existen más pruebas de que la mayoría de las denuncias de violencia doméstica realizadas por las mujeres expresan su compromiso genuino por la seguridad propia y de sus hijos. Las investigaciones en Australia muestran que las mujeres que pasan por procedimientos judiciales de violencia doméstica, generalmente no piden ordenes de protección en respuesta a la violencia. En un estudio de 176 archivos en los que fueron impugnadas cuestiones relacionadas con los niños, 95 archivos (un 54%) incluían pruebas de violencia doméstica. Y en estos casos, no se obtuvo orden de protección contra la violencia en un tercio de los mismos (Melville & Hunter, 2001, pp. 127-128).

Además, las mujeres generalmente no solicitan ordenes de protección contra la violencia doméstica hasta que no han sido víctimas de maltrato de forma repetida y grave, y como un último recurso (Melville & Hunter, 2001). Entre las jóvenes de entre 18 y 23 años, hay una probabilidad mayor de que busquen protección legal siempre que hayan experimentado niveles de violencia más graves (por ejemplo, haber sido golpeadas, estranguladas o disparadas), hayan sido heridas o tengan niños (Young et al., 2000, p. 3). Estudios previos sobre el uso de ordenes de protección inclusivas de los menores en violencia de género, encontraron que la mayoría de las denunciantes habían sufrido violencia física en más de una ocasión (Trimboli & Bonney, 1997).

Las autoridades legales rechazan la idea de que las mujeres sistemáticamente se inventan las denuncias de violencia doméstica. Por ejemplo, el “Criminal Law Review Division” (División de revisión de las leyes criminales) del NSW Attorney-General’s Department (Departamento General de la Organización de la Abogacia NSW) rechaza la concepción de que las mujeres utilizan las ordenes de protección en contenciosos de familia con el objeto de conseguir ventajas tácticas (Simpson, 2000, p. 18). En Nueva Zelanda, los informes de la Comisión Legal y el Ministerio de Justicia exponen que no existen pruebas que apoyen esta reclamación de que las mujeres están haciendo un uso estratégico de las ordenes de protección, por ejemplo a través de denuncias falsas de violencia domésticas (Davis, 2004).

De hecho, las investigaciones en Australia muestran claramente la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia en sus relaciones, aun quieren que sus hijos mantengan contacto con el otro progenitor, pero lo que ellas buscan (y generalmente no reciben) es algún mecanismo que les garantice seguridad a ellas y asus niños (Kaye et al., 2003).

Las ordenes de protección ofrecen un medio efectivo de reducir la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia.

Las pruebas en el contexto australiano dicen que las ordenes de protección ofrecen un medio efectivo de reducir la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. Un estudio pionero en Nueva Gales del Sur encontró que la inmensa mayoría de las denuncias experimentaron una reducción en violencia y abusos por parte del acusado durante los seis meses posteriores a la imposición de la misma, y en torno a un 90% de las protegidas declararon que la orden habia servido para reducir el contacto con el agresor e incrementado el bienestar y la seguridad personal (Trimboli & Bonney, 1997). Por ultimo, la investigación entre jóvenes de 18 a 23 años que habían sido objeto de violencia por sus compañeros sentimentales mostró que “las estrategias preventivas para jóvenes en una estadio inicial de la relación puede eliminar, o cuando menos reducir, la violencia física por parte del compañero sentimental” (Young et al., 2000, p. 5). La gravedad de la violencia puede mitigarse mediante la protección legal, pero los beneficios no serán tan contundentes si las mujeres no buscan la protección del sistema legal y de la policía.

Referencias citadas

  • Australian Bureau of Statistics. (1996). Women’s Safety Australia (cat. no. 4128.0). Canberra: Australian Bureau of Statistics.
  • Brownridge, D. A. (2006). Violence against women post-separation. Aggression and Violent Behavior, 11(5): 514-530.
  • Davis, W. (2004) Gender Bias, Fathers’ Rights, Domestic Violence and the Family Court. Butterworths Family Law Journal, December: 299-312.
  • DeKeseredy, W. S., Rogness, M., & Schwartz, M. D. (2004). Separation/divorce sexual assault: The current state of social scientific knowledge. Aggression and Violent Behavior, 9, 675-691.
  • Jaffe, Peter G., Janet R. Johnston, Claire V. Crooks, and Nicholas Bala. (2008). Custody disputes involving allegations of domestic violence: toward a differentiated approach to parenting plans. Family Court Review, 46(3): 500-522.
  • Johnston, J. R., S. Lee, N.W. Olesen, and M.G. Walters. (2005). Allegations and substantiations of abuse in custody-disputing families. Family Court Review, 43, 283–294.
  • Kelly L, Lovett, J & Regan, L 2005, A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases, Child and Woman Abuse Studies Unit, London Metropolitan University, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, London.
  • Lone Fathers Association Australia. (2004). Protection orders legislation review. (ACT). Discussion Paper: Comments by Lone Fathers Association. (Australia). Inc. Canberra.
  • Melville, A., & Hunter, R. (2001). ‘As everybody knows’: Countering myths of gender bias in family law. Griffith Law Review, 10(1), 124-138.
  • Riggs, D. S., M. B. Caulfield, & A.B. Street (2000). Risk for domestic violence: Factors associated with perpetration and victimization. Journal of Clinical Psychology 56(10): 1289-1316.
  • Rumney, N.S. (2006). False Allegations of Rape. Cambridge Law Journal, 65, March, pp.128-158.
  • Shaffer, M., and N. Bala. (2003). Wife abuse, child custody and access in Canada. In R. Geffner, R. S. Ingelman, & J. Zellner (Eds.), The effects of intimate partner violence on children (pp. 253–276). New York: Haworth Maltreatment & Trauma Press.
  • Simpson, R. (2000). Incidence and regulation of domestic violence in New South Wales (Briefing Paper 4/2000). Sydney: NSW Parliamentary Library.
  • Statewide Steering Committee to Reduce Sexual Assault. (2006). Study of Reported Rapes in Victoria 2000-2003: Summary Research Report. Melbourne: Office of Women’s Policy.
  • Trimboli, L., & Bonney, R. (1997). An evaluation of the NSW apprehended violence order scheme. Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research.
  • VLRC 2004, Sexual offences: law and procedure: final report, Victorian Law Reform Commission, Melbourne.
  • Young, M., Byles, J., & Dobson, A. (2000). The effectiveness of legal protection in the prevention of domestic violence in the lives of young Australian women. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, 148, 1-6.
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